Cuando no se tiene una visión
transversal acerca del desarrollo local, es decir, una perspectiva que
considere todos y cada uno de los aspectos que inciden en el mejoramiento
presente y futuro de la calidad de vida de quienes habitan las urbes, se suele
caer inexplicablemente en errores que minan las posibilidades de movilidad
social de quienes menos recursos poseen. Un ejemplo de esta situación es la
actual problemática que presentó el sitio web www.ciperchile.cl, donde se dió a
conocer el mal uso y el no respaldo (desfalco) de recursos provenientes de la
ley SEP (SUBVENCIÓN ESPECIAL PREFERENCIAL), por parte de la Ilustre
Municipalidad de Graneros. En el documento, donde se detalla que $63.136.380.- no cuentan con respaldo (NO
ACREDITADOS) que acredite el gasto de estos.
(Ver cuadro)
De los miles de millones de pesos que
se entregan a la educación pública y particular subvencionada, los recursos
vinculados a la Ley SEP son probablemente los únicos destinados directamente a
mejorar la calidad de la educación que se imparte en Chile. Un informe de la
Controlaría desnuda cómo municipalidades y corporaciones municipales han
despilfarrado, mal usado y perdido miles de millones destinados a entregar
igualdad de oportunidades a los niños que más lo necesitaban. Entre esos montos
destacan $25.559 millones que desaparecieron en un nuevo foco de corrupción.
Recordemos que la Ley SEP entrega una
bonificación especial, que complementa la subvención escolar tradicional, que
busca acortar la brecha existente en materia educacional entregando a niños y
niñas en edad escolar mejore condiciones y contenidos en su etapa de formación.
En relación a gastos directamente sin
acreditar, éstos fueron descubiertos en ocho municipalidades (10% de las
revisadas), por un total de $202 millones. Entre estos municipios se cuenta
Limache ($16 millones), Estación Central ($39 millones), Graneros ($63
millones) y Arica ($20 millones). En tres corporaciones se detectó el mismo
problema, con una suma global de $21 millones. La mayor parte corresponde a la
corporación de San Fernando ($19 millones).
Ahora bien, en el ámbito local, no se
ha escuchado pronunciamiento alguno de parte de las autoridades. Pues desde el
Alcalde de Graneros, Juan Pablo Díaz Burgos, pasando por Dirección del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM),
el Directorio Local del Colegio de Profesores, han guardado un silencio que no debe dejar indiferente a los padres
y madres que confían la educación de sus hijos a los establecimientos
educacionales administrados por la el municipio, el cual vulnera por medio de
una mala gestión, los derechos de estos a adquirir una educación de Calidad..
En esta situación, ¿Quién o quienes
están llamados a seguir acciones legales contra quienes resulten responsables
de dicho desfalco de recursos? A modo de respuesta me atrevería delegar dicha
obligación a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. ¿Por qué? Porque esta
organización representa a todos los vecinos y vecinas de la comuna y son estos
quienes confían la educación de sus hijos a los establecimientos educacionales
administrados por el municipio. Es decir, se es habitante, vecino y usuario de
los servicios que el Estado, por intermedio del municipio, otorga a los niños y
niñas provenientes de familias en situación de vulnerabilidad social.
Es pertinente ahora, ¿esperar la
declaración de las autoridades locales o presentar una acciones legales en
contra quienes resulten responsables? Creo que lo último es el paso a seguir,
pues guardar silencio, resulta peor y suma complicidades donde más bien debiese
reinar la vergüenza.
